El gobierno ecuatoriano y la Asociación de Proveedores de Internet trabajan juntos para bloquear el acceso a páginas web

El día de hoy Ecuador Transparente hace público un memorando donde la empresa Telefónica (Movistar) describe que el día 28 de marzo de 2014, entre las 19H20 y las 19H53, sus usuarios reportaron que no podían acceder a las páginas de Google y Youtube. Los problemas de accesibilidad fueron verificados por el personal de Telefónica, tras lo cual reportaron el incidente a su Centro de Operaciones de Red.

Esa unidad, tras verificar por segunda vez el incidente, explicó que la falta de acceso a las páginas de Google y Youtube se debió a que el personal de la Asociación de Proveedores de Internet de Ecuador (AEPROVI) “bloqueó el acceso a ciertas páginas de internet bajo solicitud del gobierno nacional”.

AEPROVI, tras verificar la falta de acceso a varios clientes, revirtió el bloqueo mediante un rollback — es decir, la restauración de una base de datos previa.

¿Por qué esto es importante?

Las empresas que conforman AEPROVI, en conjunto, controlan más del 95% de los clientes y del tráfico de internet que genera Ecuador. Esta información demuestra que el gobierno, mediante sus acuerdos con esta asociación, cuenta con la capacidad técnica de bloquear páginas web en todo el territorio nacional.

Además, el Estado está facultado legalmente para tener control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones. El Artículo 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones —que entró en vigor en febrero de 2015—, que trata sobre la prestación de servicios en Estado de Excepción, plantea:

“En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción”.

Finalmente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones no es un organismo independiente, sino que está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y su directorio está conformado por tres delegados del presidente.

En conjunto, las capacidades legales y técnicas generan un riesgo de abuso por parte del Estado ecuatoriano, en ausencia de organismos independientes que garanticen transparencia y control.

¿Qué respuestas nos deben el gobierno ecuatoriano y AEPROVI?

  1. Las páginas web que han sido bloqueadas: Como explica el reporte, el bloqueo a Google y Youtube parece haberse dado como un efecto colateral al bloqueo de otras páginas web. Aún más importante, cuántas veces ha pasado esto en el pasado y qué sitios web se han visto afectados.
  2. Qué instituciones públicas pueden solicitar este tipo de bloqueos y cuáles ya lo han hecho.
  3. Qué procedimiento siguen estas instituciones para realizar el bloqueo de sitios web, tanto legales, como administrativos y técnicos.

¿Es esta información verificable?

La información presentada en este documento es consistente con la presentación realizada por Marcelo Rivadeneira Fuentes, oficial de seguridad del centro de respuesta a incidentes informáticos – EcuCERT, sobre la gestión de su institución (la presentación está disponible en la página web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT). EcuCERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Arcotel, según documentación pública, mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI. En dicha presentación, Rivadeneira indicó que entre enero y septiembre de 2014, EcuCERT, “en cooperación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y proveedores de internet privados bloqueó dominios de red para evitar su funcionamiento” (p. 27).

Asimismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (hoy ARCOTEL), afirmó en su rendición de cuentas del año 2014  haber implementado “el bloqueo de dominios específicos de Internet” para combatir la piratería (p. 64).

Principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios

El uso de herramientas de bloqueo de internet debe estar acompañado de un manejo ético y responsable. Los principios de manila sobre responsabilidad de intermediarios es un marco de referencia de garantías mínimas y buenas prácticas en el que se equilibren las necesidades de los gobiernos y de otros interesados, al tiempo que se protege  la libertad de expresión y se crea un entorno propicio para la innovación. Recomendamos que el gobierno nacional implemente en sus políticas estos principios, y también que AEPROVI y todos sus miembros se ajusten a un marco que garantice que se respeten los derechos de los usuarios.

Los seis principios de manila:

  1. Los intermediarios deben estar protegidos por ley de la responsabilidad por contenidos de terceros.
  2. No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial.
  3. Las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas, y respetar el debido proceso.
  4. Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad.
  5. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso.
  6. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad (rendición de cuentas).

Lea más (español): http://bit.ly/22LqGE6

Versión extendida (inglés): http://bit.ly/1VNEMmt

Silence, please. de

Estudio científico: La vigilancia masiva silencia las opiniones de las minorías

Este texto se publicó originalmente en inglés en The Washington Post

Un nuevo estudio muestra que al estar consciente de la vigilancia gubernamental, la gente autocensura sus opiniones disidentes en internet. La investigación ofrece una visión aleccionadora frente a los pregonados efectos “democratizantes” atribuidos a las redes sociales y al acceso a Internet, que asumen que estas refuerzan la opinión de las minorías.

El estudio, publicado en “Journalism & Mass Communication Quarterly“, estudió los efectos de recordatorios sutiles sobre la vigilancia masiva en sus sujetos. La mayoría de los participantes reaccionó mediante la supresión de opiniones que percibían como minoritarias. Esta investigación ilustra el efecto de silenciamiento de las opiniones divergentes ahora que la vigilancia gubernamental es conocida por la mayoría de la población, tras ser revelada por Edward Snowden, en 2013.

La “espiral del silencio” es un fenómeno bien documentado en la que la gente suprime opiniones impopulares para integrarse y evitar el aislamiento social. Se ha analizado en el contexto de las redes sociales y el efecto de ‘cámaras de eco’, en el que adaptamos nuestras opiniones para que se adapten a la actividad en línea de nuestros amigos de Facebook y Twitter. Sin embargo, este estudio añade una nueva capa examinando explícitamente cómo la vigilancia gubernamental afecta la autocensura.

Los participantes en el estudio fueron encuestados primero sobre sus creencias políticas, rasgos de personalidad y actividad en línea, para crear un perfil psicológico de cada persona. Después, a un subgrupo seleccionado aleatoriamente, se le recordó sutilmente sobre la vigilancia gubernamental; posteriormente a todos en el estudio se les mostró un titular neutro, ficticio indicando que los ataques aéreos de Estados Unidos habían atacado al Estado Islámico en Irak. Entonces se les preguntó a los sujetos una serie de preguntas sobre sus actitudes hacia el evento hipotético de noticias —por ejemplo, cómo piensan que la mayoría de los estadounidenses se se sentirían al respecto y si iban a expresar públicamente su opinión sobre el tema. La mayoría del subgrupo intervenido con recordatorios sobre vigilancia eran menos propensos a hablar acerca de sus ideas menos conformistas, incluyendo aquellos  que, según su perfil psicológico, eran menos propensos a autocensurarse.

Elizabeth Stoycheff, investigadora líder del estudio y profesora en la Universidad Estatal de Wayne, está perturbada por sus hallazgos.

“Mucha gente con la que he hablado, dice que no se preocupan por la vigilancia en línea, ya que no han violado ninguna ley y no tienen nada que ocultar. Y piensos que esos razonamientos son muy preocupantes”, dijo.

Dijo que los participantes que compartían la creencia de que no tenían “nada que ocultar”, y que tendían a apoyar la vigilancia de masas como un medio necesario para la seguridad nacional, eran los más propensos a silenciar sus opiniones minoritarias.

“El hecho de que los individuos que ‘no tienen nada que ocultar’ experimenten un efecto inhibitorio significativo habla de cómo la privacidad en línea es mucho más grande que la mera legalidad de las acciones de uno. Se trata de un derecho humano fundamental sobre nuestra propia imagen, en privado, y ahora, en historiales de búsqueda y metadatos”, dijo.

Stoycheff también está preocupada por el  opresivo comportamiento silencioso de la autocensura.

“Me preocupa que la vigilancia parece estar permitiendo una cultura de autocensura porque margina aún más a grupos minoritarios. Y es difícil proteger y ampliar los derechos de estas poblaciones vulnerables cuando sus voces no son parte de la discusión. La democracia se nutre de una diversidad de ideas, y la autocensura la mata de hambre”, dijo ella. “Cambiar esta discusión para que los estadounidenses entienden que las libertades civiles son tan fundamentales a largo plazo para el bienestar del país, tanto como frustrar ataques terroristas muy raros es una medida necesaria”.

Stoycheff ha escrito acerca de la capacidad de intercambio de herramientas en línea para inspirar el cambio democrático. Pero los resultados de este estudio han causado un cambio en sus puntos de vista. “La adopción de técnicas de vigilancia, tanto por parte del gobierno y el sector privado, socava la capacidad de Internet para servir como una plataforma neutral para la deliberación honesta y abierta. Se empieza a mermar la capacidad de Internet para servir como un lugar para todas las voces, privilegiando sólo a las más dominantes”, dijo. La investigadora no recibió fondos externos para la investigación o la publicación de este estudio.

NTsOF

Ecuador entierra la neutralidad de la red

Los conflictos con servicios gratuitos como Whatsapp habían motivado que el ministro de telecomunicaciones, Augusto Espín, declare que la nueva Ley de Telecomunicaciones “garantiza la neutralidad de la red”, su cartera de estado también emitió un comunicado al respecto. Pese a las buenas intenciones, lo que definiría el estatus legal de la neutralidad de la red sería el reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, el cuál fue finalmente publicado este 28 de diciembre.

Pese a las quejas de los usuarios sobre operadoras que vendían internet por paquetes, y a solicitudes explícitas de hacer respetar la posición ecuatoriana a nivel internacional de proteger “la neutralidad de la red y la […] naturaleza abierta y distribuida” de Internet, el nuevo reglamento parece dejar carta abierta para que las operadoras oferten pedazos de internet a diferentes precios.

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Ya se ha dicho mucho sobre la problemática que genera el trato preferencial a ciertos servicios en Internet: la creación de conexiones de primera y segunda clase, diferenciados únicamente por su precio. La ruptura de internet como una red única —habrá gente con acceso gratuito únicamente a Wikipedia, por ejemplo, que no podrá verificar nada puesto que para verificar los enlaces de donde proviene la información tendrá que pagar—, la competencia desleal a nivel empresarial y una serie de problemas de concentración de información y privacidad. Los usuarios, por ejemplo, podrían usar un programa que establece un túnel desde Facebook que permite navegar por todo Internet, aprovechando una vulnerabilidad en la aplicación del chat de Facebook, pero el precio es dar control a este programa sobre toda tu navegación en Internet.

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Ares Rights dice que los documentos sobre la SENAIN filtrados por Ecuador Transparente son reales

Si uno hace una búsqueda en Internet con los términos “Ecuador” y “Ares Rights”, encuentra un sinfín de artículos de prensa que hablan sobre cómo una empresa española —Ares Rights— actúa a nombre de instituciones públicas de Ecuador para censurar contenido en Internet. ¿Su argumento? Se está infringiendo el derecho de copia (o copyright) de ciertos medios del Estado. Si un diario, por ejemplo, publica una denuncia y, como prueba, utiliza un documento con el logo oficial de la institución, Ares Rights denuncia que no se puede usar ese logo y ¡BAM! te cae una notificación por derechos de autor. En otros casos, se utilizó como pretexto los fragmentos del enlace ciudadano del presidente Rafael Correa y así sucesivamente.

De esta manera, se dieron de baja a videos, páginas web, cuentas de Twitter, se obligó al personaje de Crudo Ecuador a salir del anonimato para defender su página y un largo etcétera que a cualquiera le hacen pensar que las reclamaciones por copyright tienen que ver menos con los derechos de autor y más con la censura en Internet. Esto generó eco internacional y una serie de artículos de prensa motivaron al exgerente del canal público Ecuador TV, Enrique Arosemena Robles, a aclarar que ellos no tienen “ningún contrato” con Ares Rights. Fue tan vehemente Arosemena que incluso anunció que reuniría a su equipo legal “para ver que acciones se pueden tomar al respecto”.

Lo que Arosemena insinuaba es que Ares Rights se estaba tomando el nombre de Ecuador TV para censurar a terceros, haciendo quedar mal al canal estatal. La televisión estatal se produce con fondos públicos y no tiene mucho sentido que sus contenidos se privaticen en manos del gobierno[1] pero incluso si se cede en ese punto y se admite que Ecuador TV es el dueño del copyright de ciertos contenidos, existen una serie de “usos justos” donde las personas pueden simplemente copiar algo porque es material educativo, una sátira o cita periodística.  Eso lo sabe muy bien el gobierno, al punto que ha usado ese derecho en sus propios videos.

Lo lógico entonces era que Ecuador TV demande a Ares Rights por hacer mal uso de su nombre y detener la censura motivada por esta empresa. Lo mismo podría haber hecho Fernando Alvarado, puesto que la empresa española también ha realizado reclamaciones en su nombre. Eso nunca pasó. Lo que sí ha sucedido es que ciertas instituciones públicas se han empezado a blindar con pretextos para abusar del derecho de autor. La Secretaría de Comunicación, por ejemplo, ha añadido un aviso de “© SECOM” al canal de la Presidencia de la República en Youtube y, por cuenta propia, ha realizado reclamaciones de derecho de autor. En 2015, Paúl Mena Zapata, abogado de la SECOM, realizó una reclamación a Fundamedios donde aduce que la uno de sus tuits usa “la imagen distintiva de la Secretaria [SIC] Nacional de Comunicación”.

¿Lo peor de todo? Ares Rights sigue realizando reclamaciones por derecho de autor fuera del territorio ecuatoriano a nombre de sus instituciones públicas. El caso más reciente es la reclamación que la empresa censora realizara a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en contra de greenhost.net, quienes alojan la página web de Ecuador Transparente.

Ares Rights dice, en este caso, representar a Rommy Vallejo, en su calidad de Secretario Nacional de Inteligencia por haber publicado material confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. “Este material —dice el comunicado— es SECRETO DE ESTADO, y por esta razón; y debido a la severidad del caso y para garantizar que esta información no siga siendo accesible, le solicitamos que interrumpa el servicio para ecuadortransparente.org”.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Si es que Ares Rights, como dice, está actuando en representación de la SENAIN, esto representaría un reconocimiento oficial de la veracidad de los documentos publicados por Ecuador Transparente, que sugieren espionaje a periodistas, sindicatos, ambientalistas y políticos de oposición. Pero ya sabemos que, como ha pasado antes, SENAIN no va a reconocer que exista relación contractual alguna. Y puede que tengan razón.

Pero lo importante de esta lección es que hay países, como Holanda e Islandia, donde no basta decir que uno representa a alguien para realizar una reclamación de derecho de autor. En el caso arriba mencionado, greenhost.net hizo lo que todo proveedor de servicios de internet debería hacer: Pidió a Ares Rights que le presente una orden judicial para iniciar su reclamación, lo cual implica que los nexos que aduce tener con la institución pública se deben aclarar o, mejor aún, que se debe realizar tal reclamación sin intermediarios. Esto es una victoria para la libertad de expresión, porque obliga a que un juez justifique una causa motivada para censurar contenido que, de otra manera, puede ser importante para la ciudadanía y es un paso hacia una mejor rendición de cuentas de instituciones que han permitido que otros abusen de su nombre para censurar contenidos en línea.

¿Qué sucederá ahora con las denuncias de Ecuador Transparente? Si es que Ares Rights mentía, pues nada. Si es que decía la verdad y, por ley, esas publicaciones son eliminadas, estaríamos atestiguando la confirmación de que esos documentos son reales y, si ese es el caso, de cómo se usa el copyright para silenciar la evidencia de un posible uso ilegítimo de los servicios que provee nuestra agencia de inteligencia.

[1] Julia Reda, parlamentaria europea por el partido pirata alemán, presentó recientemente el borrador de su informe sobre derechos de autor, donde recomienda “que eximan de la protección de derechos de autor las obras producidos por el sector público”.

 

Ethernet cords are arranged for a photograph in New York, U.S., on Friday, Feb. 10, 2012. Ethernet is a family of computer networking technologies for local area networks (LAN) commercially introduced in 1980. Photographer: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images

Participa en la encuesta anónima sobre neutralidad de la red e ISP en América Latina

La Fundación Karisma de Colombia trabaja por la protección y promoción de los derechos humanos en los entornos digitales. Hemos estado trabajando con esta organización para entender el estado de la neutralidad de la red en América Latina. Por esa razón, te pedimos que nos ayudes compartiendo esta encuesta con tu red de contactos y mediante redes sociales.También te invitamos a participar en esta encuesta anónima, cuyos resultados nos ayudarán a promover este principio en la región.

“No tengo nada que ocultar” realmente significa “no me puedes confiar nada”

Artículo original por Rick Falvinge

Las personas que no se preocupan por su privacidad no se dan cuenta de una cosa clave: todo el mundo salvaguarda su propia privacidad y piezas clave de la privacidad de los demás. Al menospreciar la necesidad de tu propia intimidad y el derecho a guardar secretos, también están diciendo que nadie más debe volver a confiarte un secreto.

La privacidad a menudo se confunde con un privilegio individual, cuando en realidad es una necesidad colectiva.

Sin privacidad, las leyes no se pueden romper. Y si las leyes —formales e informales no pueden romperse, rara vez se cuestionan. Cuando las reglas no se cuestionan, una sociedad se detiene en seco.

No hace mucho tiempo, las personas que nacieron homosexuales eran criminales desde el nacimiento. Mucho tiempo después de que eso fue abolido, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental (en Suecia, esa clasificación de enfermedad terminó un día cuando miles y miles de personas llamaron en la mañana a su trabajo a decir que se “sentían un poco gays”).

Si las leyes de vigilancia de masas de hoy hubieran estado en vigor en la década de 1950, el movimiento de derechos civiles nunca habría existido. Nunca hubiera existido un movimiento de derechos humanos para establecer la igualdad sexual. Las personas que nacen homosexuales seguirían siendo criminales desde el nacimiento, simplemente por haber nacido de una determinada manera. Y eso es sólo una de las muchas áreas en las que los valores han progresado y avanzado para mejor.

Esto demuestra el daño colectivo causado por la vigilancia de masas, y, francamente, por aplicación de leyes que son demasiado eficaces.

Pero hay otro aspecto colectivo de la privacidad que no ha sido y es el hecho de que la gente no sólo mantiene sus propios secretos; también mantiene los secretos que otros les han confiado por razones personales, comerciales o incluso espirituales en ciertos casos.

Después de todo, si no te importa que el gobierno lea tu correo y tus textos  —y te encoges de hombros restándole importancia: “no tengo nada que ocultar”—, eso significa que no te importa que lean las conversaciones que tienes con otras personas. Y esa correspondencia no era únicamente un secreto tuyo; también era el secreto de las personas con las que intercambiabas correspondencia. Si alguien te confía que fue agredido, por ejemplo, un “no tengo nada que ocultar” significa que vas a renunciar no sólo a tus propios secretos, sino también a los secretos que te han sido confiados, como que alguien cercano a ti fue agredido.

Todo se resume a la constatación de que la declaración “no tengo nada que ocultar” se traduce en “no me puedes confiar nada sin importar la razón”.

La privacidad sigue siendo tu responsabilidad.

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Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional reconsiderar el DRM

El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la elusión de medidas tecnológicas efectivas—es decir, la gestión de derechos digitales o DRM por sus siglas en inglés—:

Recomendación sobre la prohibición a eludir “medidas tecnológicas efectivas”

El Código Ingenios representa un avance significativo para el acceso a la ciencia y la cultura en comparación a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, puesto que implementa una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, conforme las recomendaciones de Naciones Unidas y los lineamientos del Plan del Buen Vivir, que

propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados.

Sin embargo, en su artículo 121, el Código Ingenios señala, “prohíbe eludir las medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o derechos conexos”. El término que engloba a estas medidas es la “gestión de derechos digitales” o DRM por sus siglas en inglés.

DRM es un conjunto de técnicas [1] que permiten a los poseedores de derecho de autor controlar lo que los usuarios pueden hacer con los archivos digitales, es decir: bajo qué circunstancias pueden acceder al archivo, cuántas veces, por cuánto tiempo y en qué plataforma.

Quienes comercializan libros electrónicos usan diferentes esquemas propietarios de DRM, [2] los cuales son compatibles con muy pocos dispositivos electrónicos, por ello los usuarios enfrentan problemas de interoperabilidad. Esto a su vez genera problemas para el ingreso de marcas competidoras en el mercado, evita la socialización del conocimiento mediante prácticas comunes en libros físicos como el préstamos o la reventa, o incluso la lectura en otros dispositivos en caso de pérdida o robo.

Esto ciertamente garantiza la protección del derecho de autor, pero no es proporcional al derecho de los usuarios a la ciencia y la cultura; y limita innecesariamente el acceso público a obras creativas. Como bien explica Shaheed:

“Los Estados deben velar porque las excepciones y limitaciones no puedan dejarse sin efecto […] o verse indebidamente perjudicadas con medidas técnicas de protección […] en el entorno digital”.

Los usuarios, bajo este modelo, se ven encerrados en la oferta de un solo proveedor, lo cual también es lesivo para el derecho de acceso a la información. El DRM coloca a quienes comercializan libros electŕonicos en una posición privilegiada para controlar el flujo de información en el mercado, y en cierta manera eso ya está sucediendo. Las restricciones a la venta de libros impuestas en base a un editor o a su contenido son algo extremadamente preocupante cuando el lector está encerrado por su proveedor.

El DRM en el mercado de libros electrónicos puede lesionar el potencial de los libros electrónicos para promover el alfabetismo, extender el alcance de la literatura y difundir el conocimiento, lo cual va explícitamente en contra de los objetivos del presente código.

Adicionalmente, el artículo 122 criminaliza a quienes comparten archivos desbloqueados previamente, en internet, pues señala que se prohíbe “distribuir, importar para su distribución, emitir, o comunicar al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización”. Si bien se señala que la infracción debe realizarse con dolo, esta verificación puede ser compleja y, a menudo, engañosa.

Declarativamente, el artículo 123 señala a los titulares de los derechos como responsables de  “proporcionar bajo condiciones oportunas los medios, sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas a los usuarios que requieran hacer uso únicamente de obras en el dominio público o ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos”, lo cual es positivo pero impráctico. Puesto que los titulares no se encuentran en el territorio, hacer cumplir esta ley resultaría extremadamente difícil.

Si la protección DRM, como se aplica actualmente, está facilitando el control de la información y el conocimiento por parte de grandes corporaciones, la ley debe limitar la protección de esquemas DRM, fomentar el uso de protecciones al derechos de autor menos intrusivas y promover la interoperabilidad en industrias relevantes.

Nuestra recomendación es eliminar los artículos 123 y 124 para incluir un único artículo con el siguiente texto:

Artículo 123.- De la elusión de medidas tecnológicas.- Nada de lo dispuesto en este Parágrafo impedirá la elusión de medidas tecnológicas con fines de:

  1. Decidir sobre la adquisición de la obra o prestación protegida;

  2. Investigación en encriptación de información;

  3. Investigación en seguridad de sistemas informáticos;

  4. Hacer uso de obras en el dominio público;

  5. Ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título;

  6. Ejercer todos los usos justos establecidos en el presente Código.

Notas al pie de página

[1] El DRM impone varias restricciones, entre ellas (1) restricciones al acceso, ya que permite al usuario acceso ocasional o permanente condicionado al pago de una tarifa o edad; (2) restricciones a la copia, que previene —por ejemplo—  que ciertos archivos digitales sean grabados en un CD; (3) restricciones de interoperabilidad, que evitan que un archivo digital de cierto formato sea utilizado en ciertos dispositivos; y (4) restricciones geográficas, por ejemplo el bloqueo de DVDs según la región. [↑]

[2] El código fuente de estos sistemas no es accesible y se debe pagar para su uso.[↑]

PrivacidadYA

Pronunciamiento en defensa de la privacidad en el Ecuador

12 de Julio de 2015

Hacking Team es mundialmente conocido por vender software que toma el control de un computador o un teléfono inteligente. Éste recoge información de correos, mensajes de texto, historial de llamadas, historial de navegación, capturas de pantalla; secuestra el micrófono y la cámara con el fin de grabar audio y vídeo; monitorea la ubicación del usuario por medio del GPS; accede a los archivos almacenados y planta evidencia falsa en los dispositivos electrónicos de una persona, sin su conocimiento o autorización.

El 5 de julio de 2015 se liberó un archivo de 400 gigabytes que contenía información confidencial sobre la compañía Hacking Team, lo que desató una indignación generalizada debido a las implicaciones de dichas revelaciones. Días después, Wikileaks facilitó un motor de búsqueda de los documentos. Ahí se revela que la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador (SENAIN) —mediante intermediarios como Robotec de Colombia y Theola de Belice— sería uno de los clientes de Hacking Team, que ciertos ataques habrían estado dirigidos a lectores de medios de comunicación1 y que existe interés por parte de otros entes del gobierno nacional de adquirir esta tecnología:

“La solución debe estar enfocada en tener un Centro Nacional de Monitoreo a nivel país”

indica un formulario donde el Ministerio del Interior estaría señalando sus intereses a la empresa italiana.2

Nosotros, organizaciones y personas articuladas en la alianza Internet Libre,

Condenamos de manera enfática las prácticas indiscriminadas, masivas, desproporcionadas e ilegítimas de vigilancia a la ciudadanía. Estas prácticas erosionan y vulneran seriamente los derechos humanos, no sólo los de privacidad y seguridad, sino también los derechos relacionados con la libertad de expresión y la libertad de asociación, que constituyen fundamentos de la democracia.

Rechazamos la injerencia arbitraria, ilegal e ilegítima por parte del gobierno, a cualquier nivel, en la información y comunicación de los ciudadanos.

Condenamos categóricamente el riesgo constante de que la privacidad de los ciudadanos y otros derechos se vulneren por las prácticas de las instituciones de vigilancia del Estado.

Considerando que la Constitución del Ecuador garantiza:

  • El derecho a la protección de datos de carácter personal (Art. 66 n. 19)
  • El derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 66 n. 20)
  • El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual para cualquier tipo o forma de comunicación (Art. 66 n. 21)

Presentamos las siguientes peticiones:

1. Demandamos iniciar una investigación inmediata, mediante la instancia pertinente, sobre la relación entre instituciones del Estado Ecuatoriano y la empresa Hacking Team y demandamos que los resultados de la misma sean presentados de forma pública y transparente ante todo el país. Solicitamos la comparecencia del representante de la SENAIN, Rommy Vallejo, frente a la Asamblea Nacional, para que no solo ésta sino todos los eventuales mecanismos de espionaje ciudadano que se han desplegado, se expliquen públicamente.

2. Exigimos que las agencias al servicio de la seguridad nacional hagan pública la información sobre las estrategia de vigilancia del Estado, que se clarifiquen y socialicen los objetivos, los alcances, los límites y los principios sobre los que operan los sistemas de vigilancia, incluyendo los de las comunicaciones, en el Ecuador. Es imperativo que se presenten medidas correctivas para el cumplimiento de estándares de derechos humanos.

3. Solicitamos que se establezcan mecanismos de control, fiscalización y transparencia civiles e independientes orientados a limitar los eventuales los abusos y atribuciones de poder acaecidos por los organismos de inteligencia y a precautelar el ejercicio pleno de derechos humanos. Además, demandamos que prevalezca el principio de presunción de inocencia de todas las personas (Art. 76 n. 2, Constitución).

4. Proponemos que el gobierno de Ecuador incluya el ejercicio de derechos humanos en el entorno digital como parte de la práctica regular de rendición de cuentas sobre su desempeño en materia de derechos humanos a través del proceso del Examen Periódico Universal (EPU).

5. Recomendamos que se adopten los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, que proporciona un marco referencial para evaluar si las leyes y prácticas de vigilancia están en armonía con los derechos humanos.

6. Demandamos mecanismos efectivos (tutela judicial-administrativa) que se traduzcan en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales, tendientes a proteger la privacidad e intimidad del individuo.

7. Proponemos que se establezcan políticas públicas de “privacidad por diseño” para la protección de datos y metadatos, incluyendo una Ley de Protección de Datos Personales, que determinen, entre otras cosas, los límites de las actividades de vigilancia, establezcan procedimientos de control, fiscalización y rendición de cuentas de las instituciones de inteligencia y sistemas de vigilancia; y determinen sanciones a quienes vulneren la privacidad de los ciudadanos e incumplan con el debido proceso.

8. Exhortamos al gobierno Ecuatoriano a promover el uso de tecnologías de cifrado punto a punto y el desarrollo de tecnologías nacionales orientadas a proteger el derecho a buscar, recibir e impartir información anónimamente en línea.

Finalmente, confiamos en que se presentarán las medidas correctivas para el cumplimiento de la obligación del Estado con sus ciudadanos a fin de garantizar el respeto y cumplimiento de estándares de derechos humanos con miras al reforzamiento del Estado de Derecho.

Organizaciones y colectivos nacionales promotores:

  • Apertura Radical
  • Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE)
  • Bitcoin Comunidad Ecuador
  • Central Dogma
  • FLOK Society
  • Lalibre.net
  • Red Infodesarrollo
  • Usuarios Digitales

Organizaciones internacionales que firman:

  • Access
  • Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
  • Derechos Digitales
  • Electronic Frontier Foundation (EFF)
  • Fosslawyers
  • Radialistas Apasionadas y Apasionados

Se adhieren:

Ver todas las adhesiones en internetlibre.ec
[SI QUIERES QUE TÚ O TU ORGANIZACIÓN SEAN AÑADIDOS ENVÍA UN CORREO A [email protected]]


Ayuda a que el mensaje llegue a al Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional: Captura de pantalla de 2015-07-12 19-20-30


 Notas al pie de página

2 Esto puede ser verificado en el archivo original. Descargue <https://ht.transparencytoolkit.org/mail3/e.pardo.pst> y posteriormente utilice el software “File PST Viewer 2.0”, como se indica aquí <http://www.wikihow.com/View-a-PST-File-Without-Outlook-Installed-Using-with-PST-File-Viewer>. Encontrará la información en la carpeta MID, del directorio EC, en el adjunto del correo con asunto “Fwd: RV: Cuestionario”, con fecha 2 de julio.