Anonimato y estándares internacionales de Derechos Humanos

Segunda parte de la presentación de EFF a las Naciones Unidas

Los derechos a la libre expresión y a la privacidad fueron reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos (“DUDH”) el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces, estos derechos han sido afirmados por los tratados internacionales de derechos humanos subsecuentes de las Naciones Unidas, así como por varios tratados internacionales y otros instrumentos de derechos humanos. Si bien los tratados e instrumentos más recientes adoptaron un lenguaje diferente al empleado por la DUDH al enunciar el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, un análisis comparativo muestra que ha surgido un consenso coherente sobre las protecciones específicas otorgadas a las personas así como las obligaciones impuestas a los Estados Partes.

Libertad de expresión

La libertad de expresión es reforzada cuando uno puede hacerlo anonimamente. Existen muchas circunstancias donde una persona no hablará por temor a represalias, un desequilibrio de poder inherente, u otra razón, o una asociación de individuos no hablará a menos que esté segura de proteger la identidad de sus miembros. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó claro que “en todos los casos, los usuarios deben tener derecho a permanecer bajo anonimato y cualquier disputa sobre este punto debe ser resuelta exclusivamente en sede judicial”.

El derecho a buscar y recibir información

La capacidad de leer y acceder a información anónimamente es también crucial para el ejercicio de la libre expresión. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluye el derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio. Esta inclusión es necesaria porque no puede haber una protección significativa de la libertad de expresión de los ciudadanos si los individuos carecen del derecho a leer y comunicarse anónimamente. Los académicos han dejado claro que “la interdependencia cercana entre la recepción y expresión de información y entre la lectura y la libertad de pensamiento hacen del reconocimiento de ese derecho [el derecho a leer anónimamente] una buena política constitucional”.

En otras palabras, el derecho a buscar y recibir información es inhibido cuando los gobiernos u otros disponen de acceso irrestricto a los registros que documentan los hábitos de vista o lectura de los individuos:

“Una vez que los gobiernos pueden demandar de un editor los nombres de los compradores de sus publicaciones, la prensa libre como la conocemos desaparece. Entonces el espectro de una agencia de gobierno mirará sobre los hombres de cualquiera que lee… El miedo a la crítica acompaña a cada persona en las estanterías de libros… Algunos temerán leer lo que es impopular, lo que les disgusta a los poderes establecidos… El miedo toma el lugar de libertad en las bibliotecas, librerías y hogares del país. A través del hostigamiento a las audiencias, investigaciones, informes y citaciones; el gobierno tendrá un palo sobre la expresión y sobre la prensa”.

Incluso la existencia de estos registros basta para un efecto inhibitorio, especialmente considerando que muchos lectores no sólo temen el rastreo gubernamental de sus hábitos de lectura, sino también el descubrimiento por parte de los miembros de su familia u otros colaboradores cercanos.

Como señala el autor Michael Chabon “si no hay privacidad de pensamiento —que incluye implícitamente el derecho a leer lo que uno quiere, sin la aprobación, consentimiento o conocimiento de otros— entonces no hay privacidad, punto”.

Libertad de prensa y protección de las fuentes

Un corolario bien establecido del derecho a la libre expresión es la importancia de una prensa funcional y libre. Para tal fin, el principio básico de que los periodistas tienen derecho a proteger sus fuentes está muy bien establecido en la ley internacional. En particular la CIDH dejó claro que:

“Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse. Asimismo, el secreto profesional consiste en guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información”.

Por otra parte, la CIDH ha señalado que el “derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, se extiende a todo comunicador social incluyendo a los periodistas.

Fuentes como los denunciantes dentro del gobierno necesitan las protecciones más fuertes en contra de ser expuestos, incluso por actores armados con todo el poder del Estado. En la era de Internet, cualquier persona puede ser una fuente así, y cualquier persona puede tener la responsabilidad de proteger las fuentes, ya que realizan el papel de un periodista o comunicador social.

Privacidad y Libertad de expresión

La cuestión del anonimato en línea también incorpora necesariamente preocupaciones respecto a la expresión y la privacidad, y el cuidadoso análisis de la interacción entre ambos derechos. Como se indica en el Informe de 2011 de la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, “El derecho a la privacidad es esencial para que las personas se expresen libremente”.

Basándose en esto, el Relator Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresión señaló que en vista de esta estrecha relación entre la libertad de expresión y la privacidad:

“Tanto el derecho a la libertad de pensamiento y expresión como el derecho a la vida privada protegen al discurso anónimo frente a restricciones estatales. La participación del debate público sin revelar la identidad del emisor es una práctica usual en las democracias modernas. La protección del discurso anónimo favorece la participación de la personas en el debate público ya que –al no revelar su identidad— pueden evitar ser objeto de represalias injustas por el ejercicio de un derecho fundamental. En efecto, quienes ejercen el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión participan del debate público y de la vida política de una comunidad. Ello no supone –solamente— escribir notas de opinión o participar en foros de debate: también supone la posibilidad de llamar a movilizaciones sociales, de convocar a otros ciudadanos a manifestarse, de organizarse políticamente o de cuestionar a las autoridades, aun en situaciones de riesgo”.

La Declaración de Ministros del Comité Europeo sobre la libertad de comunicación en Internet también ha observado:

“Con el fin de garantizar la protección contra la vigilancia en línea y de promover la libre expresión de la información y las ideas, los Estados miembros deben respetar la voluntad de los usuarios de Internet de no revelar su identidad”.

Un anonimato lo suficientemente fuerte para los Derechos Humanos

El derecho al anonimato se basa en estos derechos humanos fundamentales. El anonimato es una condición previa esencial para el ejercicio de los derechos a la intimidad y la libertad de expresión y debe ser garantizado por el Estado.

El anonimato no debe ser restringido a priori. La divulgación forzada sólo debe ocurrir una vez que se haya cometido un delito tipificado legalmente. Los derechos al debido proceso de un interlocutor deben ser respetados antes de identificar a esa persona en respuesta a una solicitud de hacerlo. Los regímenes legales deben garantizar un examen riguroso de los derechos de libre expresión y privacidad del interlocutor antes de forzar identificación alguna.

En muchas de las funciones sociales centrales del anonimato, los interlocutores están defendiendo su identidad de grupos o individuos que pueden esgrimir poderes estatales o institucionales aliados. Por lo tanto, un anonimato fuerte —donde no se mantienen registros y donde las herramientas que protegen la privacidad ocultan la identidad de un individuo— debe estar siempre disponible.


 

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