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Ecuador – Pedido de co-patrocinio del proyecto de resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos

Quito, 17 de noviembre de 2017

 

Dra. María Fernanda Espinosa
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

CC:
María Íñiguez
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales

Martín Tamayo
Director de Derechos Humanos

Diego Morejón Pazmiño
Representante de la Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas

 

Estimada Doctora,

Apertura Radical y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) respetuosamente solicitan que Ecuador apoye un importante proyecto de resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el “Vigésimo aniversario y promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos” (A/C.3/72/L.50/Rev.1). Fundada en 2012, Apertura Radical promueve la creación y uso de contenidos compartidos en Ecuador mediante la promoción de los principios de Transparencia y Colaboración. APC, por su parte, es una red internacional de organizaciones de sociedad civil dedicada a empoderar y apoyar a las personas que trabajan para la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la protección del medio ambiente a través del uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación.

El proyecto de resolución llega en un momento crítico: la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos ha alcanzado un hito importante; sin embargo, los defensores de los derechos humanos se enfrentan a riesgos crecientes al llevar a cabo su trabajo, tanto en línea y fuera de línea, a pesar del reconocimiento de su valioso papel en la sociedad.

El proyecto de resolución contiene importantes compromisos de la comunidad internacional para desplegar mayores esfuerzos alrededor de la promoción y aplicación de la Declaración. Insta a los Estados a compartir buenas prácticas en la implementación. También constituye una base para futuras resoluciones para desarrollar mecanismos específicos a nivel nacional, regional e internacional para la implementación de la obligación estatal de proteger a los defensores. Específicamente, la resolución hace un llamado para: una evaluación de la implementación de la Declaración por parte de las Naciones debe hacerse; y el aporte de todos las partes interesadas en un informe sobre la promoción e implementación de la Declaración.

Junto con organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, creemos que es importante que Ecuador adopte una posición firme y pública a favor de los defensores de los derechos humanos en el escenario internacional de la ONU.

Hacemos un respetuoso llamamiento para que Ecuador también co-patrocine el presente proyecto de resolución lo antes posible, para que Ecuador tome una posición clara a nivel internacional y reafirme su compromiso para promover y proteger los derechos de los defensores. Para nuestro país, unirnos como co-patrocinadores sería, en nuestra opinión, fortalecer la resolución de manera significativa y reflejar positivamente la postura de Ecuador a nivel internacional. En nuestra opinión, que Ecuador se sume como co-patrocinador fortalería la resolución significativamente y reflejaría positivamente la postura de Ecuador a nivel internacional.

Atentamente,

Andrés Delgado, Director de Apertura Radical
Valeria Betancourt, Directora del Programa de Políticas de Información y Comunicación de APC

autores.ec una plataforma de obras en Dominio Público de Ecuador

Argentina, Ecuador, El Salvador y Uruguay son los países que promueven la circulación y el uso de obras en Dominio Público en América Latina a través de una plataforma virtual, como un proyecto regional que surge de la iniciativa del Creative Commons Uruguay.

El 24 de octubre de este año, activistas de los cuatro países acompañaron el lanzamiento oficial de la base de datos de autores en Ecuador que permitirá enlazar obras en Dominio Público que están dispersas en Internet, con el objetivo de promover la circulación y promoción de estas obras liberadas. El proyecto, ahora disponible para los ecuatorianos, pretende sumar iniciativas comunitarias para el uso de estos contenidos y la generación de obras derivadas.

El evento virtual para la presentación, denominado “Charla del Proyecto Autores de identificación y digitalización del dominio público, fue el espacio propicio para que los colectivos ciudadanos compartieran las experiencias de cada país y expliquen las proyecciones de este ambicioso propósito democratizador.

La plataforma construida colaborativamente nació en Uruguay en el 2014 y fue extendida a Ecuador, El Salvador y Argentina, por la necesidad de solventar inquietudes sobre el Dominio Público y la digitalización de las obras. Así lo explicó Rodrigo Bardano, activista uruguayo que ha venido brindando soporte tecnológico en los cuatro países.

Entre alegría, risas y entusiasmo los participantes se fueron presentando y reconociendo a través de la virtualidad. “Ha sido un día muy feliz ¡ya contamos con la plataforma!” fueron las emociones expresadas por El Salvador. A lo que se sumó Argentina, Ecuador y Uruguay, con el firme propósito y compromiso de seguir unidos, fortalecidos y colaborativos por el beneficio del conocimiento y las obras de nuestros autores.

Sara Bolaños, activista ecuatoriana, compartió en esta videoconferencia que uno de los propósitos de la sociedad civil en Ecuador fue organizarse y aportar a una propuesta de política pública y jurídica para que el Código Ingenios sea una realidad y contrarreste los intereses solo económicos de ciertos monopolios de las industrias creativas. La actual Ley ecuatoriana se encuentra en la gestión del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Ecuador ha venido avanzando en reuniones con otros colectivos e instituciones que han mostrado su interés y posible apoyo, por concebirlo como una iniciativa ciudadana que pretende trascender fronteras, eliminar barreras de participación y fortalecer el acceso. Se prevé que para el siguiente año se cuente con las alianzas que permitan generar conferencias, talleres y convocatorias a la participación a través de la cooperación internacional.

En la charla se compartieron detalles técnicos para que los interesados en los diferentes países puedan formar parte de la comunidad alrededor del Dominio Público y se sumen a las acciones de programadores informáticos, bibliotecólogos, comunicadores y gestores (provocadores) culturales.

El trabajo colaborativo de autores se proyecta en una plataforma virtual (en cada país) que vincula obras en dominio público a distintos repositorios digitales con meta-datos técnicamente procesada y estandarizada.

El proyecto, en su primera fase, no requiere de aporte económico pero sí de inicio a fin del trabajo colaborativo para impulsar el espiral de generación de conocimientos significativos y la creación de obras derivadas con el uso adecuado de estos recursos liberados.

Conócenos, sueña y colabora con nosotros ¡Te esperamos en esta iniciativa!

¿Qué tipo de Internet consumimos? – #AccesoAInternet en América Latina

¿Cómo se contrata en Latinoamérica el acceso a internet? ¿Qué tiene que ver esto con la neutralidad de la red? Esto, y más, nos preguntamos desde cinco países del continente. En un esfuerzo conjunto, Fundación Karisma (Colombia), R3D (México), IPANDETEC(Panamá), TEDIC (Paraguay); Apertura Radical y APC (Ecuador); han preparado un nuevo informesobre ofertas de acceso a internet en América latina y cómo afectan la neutralidad de la red. Para su ejecución se usaron recursos del Programa de Becas Comunitarias de ISOC para 2015.

El nivel de desarrollo legal de la neutralidad de la red en América Latina es incipiente, pero no cabe duda de que, para que sirva como garante de una Internet libre y abierta, debe ser un principio rector de las prácticas comerciales. Cuando el #AccesoAInternet dependía de una conexión fija, la velocidad de la conexión determinaba el valor y, por tanto, la capacidad de las ofertas. Sin embargo, el aumento del acceso a Internet a través de celulares privilegia aplicaciones concretas y no tanto el uso de los navegadores Se está reconfigurando la oferta de acceso, entonces cada vez se consumen más planes que ofrecen un acceso fragmentado a Internet y no el acceso general, es decir no estamos accediendo realmente a internet.

El presente informe analiza las ofertas comerciales publicadas por los principales prestadores de servicios de Internet en cinco países de la región: Colombia, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. La revisión de ofertas se realizó entre mayo y septiembre de 2015. A la información recolectada se le hizo una última verificación entre enero y febrero de 2016. El informe busca reflexionar sobre cómo afectan este tipo de ofertas al principio de neutralidad de la red, si es que lo hacen.

Les invitamos a leer el informe aquí:

versión PDF, en español

informe oferta internet américa latina

El gobierno ecuatoriano y la Asociación de Proveedores de Internet trabajan juntos para bloquear el acceso a páginas web

El día de hoy Ecuador Transparente hace público un memorando donde la empresa Telefónica (Movistar) describe que el día 28 de marzo de 2014, entre las 19H20 y las 19H53, sus usuarios reportaron que no podían acceder a las páginas de Google y Youtube. Los problemas de accesibilidad fueron verificados por el personal de Telefónica, tras lo cual reportaron el incidente a su Centro de Operaciones de Red.

Esa unidad, tras verificar por segunda vez el incidente, explicó que la falta de acceso a las páginas de Google y Youtube se debió a que el personal de la Asociación de Proveedores de Internet de Ecuador (AEPROVI) “bloqueó el acceso a ciertas páginas de internet bajo solicitud del gobierno nacional”.

AEPROVI, tras verificar la falta de acceso a varios clientes, revirtió el bloqueo mediante un rollback — es decir, la restauración de una base de datos previa.

¿Por qué esto es importante?

Las empresas que conforman AEPROVI, en conjunto, controlan más del 95% de los clientes y del tráfico de internet que genera Ecuador. Esta información demuestra que el gobierno, mediante sus acuerdos con esta asociación, cuenta con la capacidad técnica de bloquear páginas web en todo el territorio nacional.

Además, el Estado está facultado legalmente para tener control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones. El Artículo 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones —que entró en vigor en febrero de 2015—, que trata sobre la prestación de servicios en Estado de Excepción, plantea:

“En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción”.

Finalmente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones no es un organismo independiente, sino que está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y su directorio está conformado por tres delegados del presidente.

En conjunto, las capacidades legales y técnicas generan un riesgo de abuso por parte del Estado ecuatoriano, en ausencia de organismos independientes que garanticen transparencia y control.

¿Qué respuestas nos deben el gobierno ecuatoriano y AEPROVI?

  1. Las páginas web que han sido bloqueadas: Como explica el reporte, el bloqueo a Google y Youtube parece haberse dado como un efecto colateral al bloqueo de otras páginas web. Aún más importante, cuántas veces ha pasado esto en el pasado y qué sitios web se han visto afectados.
  2. Qué instituciones públicas pueden solicitar este tipo de bloqueos y cuáles ya lo han hecho.
  3. Qué procedimiento siguen estas instituciones para realizar el bloqueo de sitios web, tanto legales, como administrativos y técnicos.

¿Es esta información verificable?

La información presentada en este documento es consistente con la presentación realizada por Marcelo Rivadeneira Fuentes, oficial de seguridad del centro de respuesta a incidentes informáticos – EcuCERT, sobre la gestión de su institución (la presentación está disponible en la página web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT). EcuCERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Arcotel, según documentación pública, mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI. En dicha presentación, Rivadeneira indicó que entre enero y septiembre de 2014, EcuCERT, “en cooperación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y proveedores de internet privados bloqueó dominios de red para evitar su funcionamiento” (p. 27).

Asimismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (hoy ARCOTEL), afirmó en su rendición de cuentas del año 2014  haber implementado “el bloqueo de dominios específicos de Internet” para combatir la piratería (p. 64).

Principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios

El uso de herramientas de bloqueo de internet debe estar acompañado de un manejo ético y responsable. Los principios de manila sobre responsabilidad de intermediarios es un marco de referencia de garantías mínimas y buenas prácticas en el que se equilibren las necesidades de los gobiernos y de otros interesados, al tiempo que se protege  la libertad de expresión y se crea un entorno propicio para la innovación. Recomendamos que el gobierno nacional implemente en sus políticas estos principios, y también que AEPROVI y todos sus miembros se ajusten a un marco que garantice que se respeten los derechos de los usuarios.

Los seis principios de manila:

  1. Los intermediarios deben estar protegidos por ley de la responsabilidad por contenidos de terceros.
  2. No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial.
  3. Las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas, y respetar el debido proceso.
  4. Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad.
  5. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso.
  6. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad (rendición de cuentas).

Lea más (español): http://bit.ly/22LqGE6

Versión extendida (inglés): http://bit.ly/1VNEMmt

Estudio científico: La vigilancia masiva silencia las opiniones de las minorías

Este texto se publicó originalmente en inglés en The Washington Post

Un nuevo estudio muestra que al estar consciente de la vigilancia gubernamental, la gente autocensura sus opiniones disidentes en internet. La investigación ofrece una visión aleccionadora frente a los pregonados efectos “democratizantes” atribuidos a las redes sociales y al acceso a Internet, que asumen que estas refuerzan la opinión de las minorías.

El estudio, publicado en “Journalism & Mass Communication Quarterly“, estudió los efectos de recordatorios sutiles sobre la vigilancia masiva en sus sujetos. La mayoría de los participantes reaccionó mediante la supresión de opiniones que percibían como minoritarias. Esta investigación ilustra el efecto de silenciamiento de las opiniones divergentes ahora que la vigilancia gubernamental es conocida por la mayoría de la población, tras ser revelada por Edward Snowden, en 2013.

La “espiral del silencio” es un fenómeno bien documentado en la que la gente suprime opiniones impopulares para integrarse y evitar el aislamiento social. Se ha analizado en el contexto de las redes sociales y el efecto de ‘cámaras de eco’, en el que adaptamos nuestras opiniones para que se adapten a la actividad en línea de nuestros amigos de Facebook y Twitter. Sin embargo, este estudio añade una nueva capa examinando explícitamente cómo la vigilancia gubernamental afecta la autocensura.

Los participantes en el estudio fueron encuestados primero sobre sus creencias políticas, rasgos de personalidad y actividad en línea, para crear un perfil psicológico de cada persona. Después, a un subgrupo seleccionado aleatoriamente, se le recordó sutilmente sobre la vigilancia gubernamental; posteriormente a todos en el estudio se les mostró un titular neutro, ficticio indicando que los ataques aéreos de Estados Unidos habían atacado al Estado Islámico en Irak. Entonces se les preguntó a los sujetos una serie de preguntas sobre sus actitudes hacia el evento hipotético de noticias —por ejemplo, cómo piensan que la mayoría de los estadounidenses se se sentirían al respecto y si iban a expresar públicamente su opinión sobre el tema. La mayoría del subgrupo intervenido con recordatorios sobre vigilancia eran menos propensos a hablar acerca de sus ideas menos conformistas, incluyendo aquellos  que, según su perfil psicológico, eran menos propensos a autocensurarse.

Elizabeth Stoycheff, investigadora líder del estudio y profesora en la Universidad Estatal de Wayne, está perturbada por sus hallazgos.

“Mucha gente con la que he hablado, dice que no se preocupan por la vigilancia en línea, ya que no han violado ninguna ley y no tienen nada que ocultar. Y piensos que esos razonamientos son muy preocupantes”, dijo.

Dijo que los participantes que compartían la creencia de que no tenían “nada que ocultar”, y que tendían a apoyar la vigilancia de masas como un medio necesario para la seguridad nacional, eran los más propensos a silenciar sus opiniones minoritarias.

“El hecho de que los individuos que ‘no tienen nada que ocultar’ experimenten un efecto inhibitorio significativo habla de cómo la privacidad en línea es mucho más grande que la mera legalidad de las acciones de uno. Se trata de un derecho humano fundamental sobre nuestra propia imagen, en privado, y ahora, en historiales de búsqueda y metadatos”, dijo.

Stoycheff también está preocupada por el  opresivo comportamiento silencioso de la autocensura.

“Me preocupa que la vigilancia parece estar permitiendo una cultura de autocensura porque margina aún más a grupos minoritarios. Y es difícil proteger y ampliar los derechos de estas poblaciones vulnerables cuando sus voces no son parte de la discusión. La democracia se nutre de una diversidad de ideas, y la autocensura la mata de hambre”, dijo ella. “Cambiar esta discusión para que los estadounidenses entienden que las libertades civiles son tan fundamentales a largo plazo para el bienestar del país, tanto como frustrar ataques terroristas muy raros es una medida necesaria”.

Stoycheff ha escrito acerca de la capacidad de intercambio de herramientas en línea para inspirar el cambio democrático. Pero los resultados de este estudio han causado un cambio en sus puntos de vista. “La adopción de técnicas de vigilancia, tanto por parte del gobierno y el sector privado, socava la capacidad de Internet para servir como una plataforma neutral para la deliberación honesta y abierta. Se empieza a mermar la capacidad de Internet para servir como un lugar para todas las voces, privilegiando sólo a las más dominantes”, dijo. La investigadora no recibió fondos externos para la investigación o la publicación de este estudio.

Ecuador entierra la neutralidad de la red

Los conflictos con servicios gratuitos como Whatsapp habían motivado que el ministro de telecomunicaciones, Augusto Espín, declare que la nueva Ley de Telecomunicaciones “garantiza la neutralidad de la red”, su cartera de estado también emitió un comunicado al respecto. Pese a las buenas intenciones, lo que definiría el estatus legal de la neutralidad de la red sería el reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, el cuál fue finalmente publicado este 28 de diciembre.

Pese a las quejas de los usuarios sobre operadoras que vendían internet por paquetes, y a solicitudes explícitas de hacer respetar la posición ecuatoriana a nivel internacional de proteger “la neutralidad de la red y la […] naturaleza abierta y distribuida” de Internet, el nuevo reglamento parece dejar carta abierta para que las operadoras oferten pedazos de internet a diferentes precios.

Captura de pantalla de 2015-12-31 13:15:06

Ya se ha dicho mucho sobre la problemática que genera el trato preferencial a ciertos servicios en Internet: la creación de conexiones de primera y segunda clase, diferenciados únicamente por su precio. La ruptura de internet como una red única —habrá gente con acceso gratuito únicamente a Wikipedia, por ejemplo, que no podrá verificar nada puesto que para verificar los enlaces de donde proviene la información tendrá que pagar—, la competencia desleal a nivel empresarial y una serie de problemas de concentración de información y privacidad. Los usuarios, por ejemplo, podrían usar un programa que establece un túnel desde Facebook que permite navegar por todo Internet, aprovechando una vulnerabilidad en la aplicación del chat de Facebook, pero el precio es dar control a este programa sobre toda tu navegación en Internet.

Ares Rights dice que los documentos sobre la SENAIN filtrados por Ecuador Transparente son reales

Si uno hace una búsqueda en Internet con los términos “Ecuador” y “Ares Rights”, encuentra un sinfín de artículos de prensa que hablan sobre cómo una empresa española —Ares Rights— actúa a nombre de instituciones públicas de Ecuador para censurar contenido en Internet. ¿Su argumento? Se está infringiendo el derecho de copia (o copyright) de ciertos medios del Estado. Si un diario, por ejemplo, publica una denuncia y, como prueba, utiliza un documento con el logo oficial de la institución, Ares Rights denuncia que no se puede usar ese logo y ¡BAM! te cae una notificación por derechos de autor. En otros casos, se utilizó como pretexto los fragmentos del enlace ciudadano del presidente Rafael Correa y así sucesivamente.

De esta manera, se dieron de baja a videos, páginas web, cuentas de Twitter, se obligó al personaje de Crudo Ecuador a salir del anonimato para defender su página y un largo etcétera que a cualquiera le hacen pensar que las reclamaciones por copyright tienen que ver menos con los derechos de autor y más con la censura en Internet. Esto generó eco internacional y una serie de artículos de prensa motivaron al exgerente del canal público Ecuador TV, Enrique Arosemena Robles, a aclarar que ellos no tienen “ningún contrato” con Ares Rights. Fue tan vehemente Arosemena que incluso anunció que reuniría a su equipo legal “para ver que acciones se pueden tomar al respecto”.

Lo que Arosemena insinuaba es que Ares Rights se estaba tomando el nombre de Ecuador TV para censurar a terceros, haciendo quedar mal al canal estatal. La televisión estatal se produce con fondos públicos y no tiene mucho sentido que sus contenidos se privaticen en manos del gobierno[1] pero incluso si se cede en ese punto y se admite que Ecuador TV es el dueño del copyright de ciertos contenidos, existen una serie de “usos justos” donde las personas pueden simplemente copiar algo porque es material educativo, una sátira o cita periodística.  Eso lo sabe muy bien el gobierno, al punto que ha usado ese derecho en sus propios videos.

Lo lógico entonces era que Ecuador TV demande a Ares Rights por hacer mal uso de su nombre y detener la censura motivada por esta empresa. Lo mismo podría haber hecho Fernando Alvarado, puesto que la empresa española también ha realizado reclamaciones en su nombre. Eso nunca pasó. Lo que sí ha sucedido es que ciertas instituciones públicas se han empezado a blindar con pretextos para abusar del derecho de autor. La Secretaría de Comunicación, por ejemplo, ha añadido un aviso de “© SECOM” al canal de la Presidencia de la República en Youtube y, por cuenta propia, ha realizado reclamaciones de derecho de autor. En 2015, Paúl Mena Zapata, abogado de la SECOM, realizó una reclamación a Fundamedios donde aduce que la uno de sus tuits usa “la imagen distintiva de la Secretaria [SIC] Nacional de Comunicación”.

¿Lo peor de todo? Ares Rights sigue realizando reclamaciones por derecho de autor fuera del territorio ecuatoriano a nombre de sus instituciones públicas. El caso más reciente es la reclamación que la empresa censora realizara a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en contra de greenhost.net, quienes alojan la página web de Ecuador Transparente.

Ares Rights dice, en este caso, representar a Rommy Vallejo, en su calidad de Secretario Nacional de Inteligencia por haber publicado material confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. “Este material —dice el comunicado— es SECRETO DE ESTADO, y por esta razón; y debido a la severidad del caso y para garantizar que esta información no siga siendo accesible, le solicitamos que interrumpa el servicio para ecuadortransparente.org”.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Si es que Ares Rights, como dice, está actuando en representación de la SENAIN, esto representaría un reconocimiento oficial de la veracidad de los documentos publicados por Ecuador Transparente, que sugieren espionaje a periodistas, sindicatos, ambientalistas y políticos de oposición. Pero ya sabemos que, como ha pasado antes, SENAIN no va a reconocer que exista relación contractual alguna. Y puede que tengan razón.

Pero lo importante de esta lección es que hay países, como Holanda e Islandia, donde no basta decir que uno representa a alguien para realizar una reclamación de derecho de autor. En el caso arriba mencionado, greenhost.net hizo lo que todo proveedor de servicios de internet debería hacer: Pidió a Ares Rights que le presente una orden judicial para iniciar su reclamación, lo cual implica que los nexos que aduce tener con la institución pública se deben aclarar o, mejor aún, que se debe realizar tal reclamación sin intermediarios. Esto es una victoria para la libertad de expresión, porque obliga a que un juez justifique una causa motivada para censurar contenido que, de otra manera, puede ser importante para la ciudadanía y es un paso hacia una mejor rendición de cuentas de instituciones que han permitido que otros abusen de su nombre para censurar contenidos en línea.

¿Qué sucederá ahora con las denuncias de Ecuador Transparente? Si es que Ares Rights mentía, pues nada. Si es que decía la verdad y, por ley, esas publicaciones son eliminadas, estaríamos atestiguando la confirmación de que esos documentos son reales y, si ese es el caso, de cómo se usa el copyright para silenciar la evidencia de un posible uso ilegítimo de los servicios que provee nuestra agencia de inteligencia.

[1] Julia Reda, parlamentaria europea por el partido pirata alemán, presentó recientemente el borrador de su informe sobre derechos de autor, donde recomienda “que eximan de la protección de derechos de autor las obras producidos por el sector público”.

 

Participa en la encuesta anónima sobre neutralidad de la red e ISP en América Latina

La Fundación Karisma de Colombia trabaja por la protección y promoción de los derechos humanos en los entornos digitales. Hemos estado trabajando con esta organización para entender el estado de la neutralidad de la red en América Latina. Por esa razón, te pedimos que nos ayudes compartiendo esta encuesta con tu red de contactos y mediante redes sociales.También te invitamos a participar en esta encuesta anónima, cuyos resultados nos ayudarán a promover este principio en la región.

“No tengo nada que ocultar” realmente significa “no me puedes confiar nada”

Artículo original por Rick Falvinge

Las personas que no se preocupan por su privacidad no se dan cuenta de una cosa clave: todo el mundo salvaguarda su propia privacidad y piezas clave de la privacidad de los demás. Al menospreciar la necesidad de tu propia intimidad y el derecho a guardar secretos, también están diciendo que nadie más debe volver a confiarte un secreto.

La privacidad a menudo se confunde con un privilegio individual, cuando en realidad es una necesidad colectiva.

Sin privacidad, las leyes no se pueden romper. Y si las leyes —formales e informales no pueden romperse, rara vez se cuestionan. Cuando las reglas no se cuestionan, una sociedad se detiene en seco.

No hace mucho tiempo, las personas que nacieron homosexuales eran criminales desde el nacimiento. Mucho tiempo después de que eso fue abolido, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental (en Suecia, esa clasificación de enfermedad terminó un día cuando miles y miles de personas llamaron en la mañana a su trabajo a decir que se “sentían un poco gays”).

Si las leyes de vigilancia de masas de hoy hubieran estado en vigor en la década de 1950, el movimiento de derechos civiles nunca habría existido. Nunca hubiera existido un movimiento de derechos humanos para establecer la igualdad sexual. Las personas que nacen homosexuales seguirían siendo criminales desde el nacimiento, simplemente por haber nacido de una determinada manera. Y eso es sólo una de las muchas áreas en las que los valores han progresado y avanzado para mejor.

Esto demuestra el daño colectivo causado por la vigilancia de masas, y, francamente, por aplicación de leyes que son demasiado eficaces.

Pero hay otro aspecto colectivo de la privacidad que no ha sido y es el hecho de que la gente no sólo mantiene sus propios secretos; también mantiene los secretos que otros les han confiado por razones personales, comerciales o incluso espirituales en ciertos casos.

Después de todo, si no te importa que el gobierno lea tu correo y tus textos  —y te encoges de hombros restándole importancia: “no tengo nada que ocultar”—, eso significa que no te importa que lean las conversaciones que tienes con otras personas. Y esa correspondencia no era únicamente un secreto tuyo; también era el secreto de las personas con las que intercambiabas correspondencia. Si alguien te confía que fue agredido, por ejemplo, un “no tengo nada que ocultar” significa que vas a renunciar no sólo a tus propios secretos, sino también a los secretos que te han sido confiados, como que alguien cercano a ti fue agredido.

Todo se resume a la constatación de que la declaración “no tengo nada que ocultar” se traduce en “no me puedes confiar nada sin importar la razón”.

La privacidad sigue siendo tu responsabilidad.