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Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional reconsiderar el DRM

El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la elusión de medidas tecnológicas efectivas—es decir, la gestión de derechos digitales o DRM por sus siglas en inglés—:

Recomendación sobre la prohibición a eludir “medidas tecnológicas efectivas”

El Código Ingenios representa un avance significativo para el acceso a la ciencia y la cultura en comparación a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, puesto que implementa una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, conforme las recomendaciones de Naciones Unidas y los lineamientos del Plan del Buen Vivir, que

propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados.

Sin embargo, en su artículo 121, el Código Ingenios señala, “prohíbe eludir las medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o derechos conexos”. El término que engloba a estas medidas es la “gestión de derechos digitales” o DRM por sus siglas en inglés.

DRM es un conjunto de técnicas [1] que permiten a los poseedores de derecho de autor controlar lo que los usuarios pueden hacer con los archivos digitales, es decir: bajo qué circunstancias pueden acceder al archivo, cuántas veces, por cuánto tiempo y en qué plataforma.

Quienes comercializan libros electrónicos usan diferentes esquemas propietarios de DRM, [2] los cuales son compatibles con muy pocos dispositivos electrónicos, por ello los usuarios enfrentan problemas de interoperabilidad. Esto a su vez genera problemas para el ingreso de marcas competidoras en el mercado, evita la socialización del conocimiento mediante prácticas comunes en libros físicos como el préstamos o la reventa, o incluso la lectura en otros dispositivos en caso de pérdida o robo.

Esto ciertamente garantiza la protección del derecho de autor, pero no es proporcional al derecho de los usuarios a la ciencia y la cultura; y limita innecesariamente el acceso público a obras creativas. Como bien explica Shaheed:

“Los Estados deben velar porque las excepciones y limitaciones no puedan dejarse sin efecto […] o verse indebidamente perjudicadas con medidas técnicas de protección […] en el entorno digital”.

Los usuarios, bajo este modelo, se ven encerrados en la oferta de un solo proveedor, lo cual también es lesivo para el derecho de acceso a la información. El DRM coloca a quienes comercializan libros electŕonicos en una posición privilegiada para controlar el flujo de información en el mercado, y en cierta manera eso ya está sucediendo. Las restricciones a la venta de libros impuestas en base a un editor o a su contenido son algo extremadamente preocupante cuando el lector está encerrado por su proveedor.

El DRM en el mercado de libros electrónicos puede lesionar el potencial de los libros electrónicos para promover el alfabetismo, extender el alcance de la literatura y difundir el conocimiento, lo cual va explícitamente en contra de los objetivos del presente código.

Adicionalmente, el artículo 122 criminaliza a quienes comparten archivos desbloqueados previamente, en internet, pues señala que se prohíbe “distribuir, importar para su distribución, emitir, o comunicar al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización”. Si bien se señala que la infracción debe realizarse con dolo, esta verificación puede ser compleja y, a menudo, engañosa.

Declarativamente, el artículo 123 señala a los titulares de los derechos como responsables de  “proporcionar bajo condiciones oportunas los medios, sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas a los usuarios que requieran hacer uso únicamente de obras en el dominio público o ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos”, lo cual es positivo pero impráctico. Puesto que los titulares no se encuentran en el territorio, hacer cumplir esta ley resultaría extremadamente difícil.

Si la protección DRM, como se aplica actualmente, está facilitando el control de la información y el conocimiento por parte de grandes corporaciones, la ley debe limitar la protección de esquemas DRM, fomentar el uso de protecciones al derechos de autor menos intrusivas y promover la interoperabilidad en industrias relevantes.

Nuestra recomendación es eliminar los artículos 123 y 124 para incluir un único artículo con el siguiente texto:

Artículo 123.- De la elusión de medidas tecnológicas.- Nada de lo dispuesto en este Parágrafo impedirá la elusión de medidas tecnológicas con fines de:

  1. Decidir sobre la adquisición de la obra o prestación protegida;

  2. Investigación en encriptación de información;

  3. Investigación en seguridad de sistemas informáticos;

  4. Hacer uso de obras en el dominio público;

  5. Ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título;

  6. Ejercer todos los usos justos establecidos en el presente Código.

Notas al pie de página

[1] El DRM impone varias restricciones, entre ellas (1) restricciones al acceso, ya que permite al usuario acceso ocasional o permanente condicionado al pago de una tarifa o edad; (2) restricciones a la copia, que previene —por ejemplo—  que ciertos archivos digitales sean grabados en un CD; (3) restricciones de interoperabilidad, que evitan que un archivo digital de cierto formato sea utilizado en ciertos dispositivos; y (4) restricciones geográficas, por ejemplo el bloqueo de DVDs según la región. [↑]

[2] El código fuente de estos sistemas no es accesible y se debe pagar para su uso.[↑]

Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional favorecer el acceso abierto

El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la política de publicaciones de artículos científicos producidos con fondos públicos.

  • Acceso abierto a publicaciones científicas        

El actual modelo de publicaciones científicas supone un costo específico que incluye procesos administrativos y de revisión por expertos pares, las editoriales inicialmente decidieron trasladar estos costos a los lectores generando varios problemas en el camino, para empezar esto crea una barrera económica a la información científica. Por otra parte, los usuarios no tienen forma de saber qué artículo es relevante para su investigación sin pagar por él. Los abstracts —o resúmenes de los artículos científicos— no siempre son claros, y no hay una política de devolución. No pueden decir ‘este artículo no era lo que buscaba, devuélvanme mi dinero’.

Es irracional pensar que las investigaciones financiadas con dinero público no estén disponibles para la gente. No tiene sentido, por ello en los últimos años, principalmente debido a la digitalización y al incremento en la suscripción de revistas, se ha vuelto cada vez más común la práctica del acceso abierto.

Hay dos componentes fundamentales en el acceso abierto: que los artículos estén disponibles gratis para ser leídos y que estén disponibles para ser reutilizados, ya que el conocimiento se construye secuencialmente —creando relaciones entre publicaciones científicas.

Para brindar acceso abierto, existen varias opciones. Cuando no existe intervención del Estado, y los científicos quieren publicar sus artículos en formato de acceso abierto, las grandes editoriales trasladan los costos operativos de producción de artículos científicos hacia los productores de conocimiento: los investigadores (a esto se le conoce como ruta naranja del acceso abierto). Por ello, publicar un artículo científico en una revista de acceso abierto puede costar entre $3500 y $4000. Los autores deben poder publicar en la revista de su elección y cubrir todos estos costos puede resultar inviable en el mediano plazo, sea que esto lo financie el Estado o las universidades privadas.

Para solucionar este problema se ha establecido lo que se ha denominado ruta verde del acceso abierto, en esta caso los autores que publican en revistas indexadas pueden compartir su investigación mediante la publicación de una copia gratuita de su artículo en un repositorio o sitio web destinado para el caso. Durante un tiempo determinado (actualmente se recomienda que sean 6 meses o un año), la publicación en el sitio web está disponible bajo suscripción únicamente, este periodo de tiempo da la oportunidad a la casa editorial para que recupere la inversión que se da en la producción de artículos científicos. Una vez pasado el tiempo de embargo, se concede acceso libre al artículo.

En Argentina, se ha implementado una legislación sobre repositorios de acceso abierto, los artículos más importantes son el quinto y el sexto. Aquí algunos extractos:

Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.

Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco años del momento de su recolección.

Podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer.

Como bien menciona la Relatora para Derechos Culturales de Naciones Unidas: “Los productos fruto de esfuerzos creativos subvencionados por gobiernos, organizaciones intergubernamentales o entidades benéficas deben hacerse accesibles de manera generalizada”. Es por ello que en armonía con los objetivos de la propuesta de ley, recomendamos hacer una revisión y adaptación de los nueve artículos contemplados en la “Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos” para su inclusión en el Código Ingenios.

 

Ecuador se manifiesta antes el primer aniversario de las revelaciones de Snowden

Quito, 27 de Mayo del 2014  
Estimada Sra.
Gabriela Rivadeneira 
Asambleísta/Presidenta 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador  
De nuestras consideraciones:  
    
Es un placer saludarla mediante la presente e indicarle que el jueves5 de Junio del 2014, se cumple un año de las revelaciones sobre la vigilancia masiva a nivel mundial por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU.. Este hecho fue rechazado a nivel mundial y por la entidad que usted dirige mediante una Resolución en defensa de la soberanía de los pueblos y por el derecho a la intimidad y privacidad de todos los habitantes del planeta.
    
Con estos antecedentes, le solicitamos nos permita, como una coalición de grupos de sociedad civil, realizar una intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. La intención de esa intervención apunta a hacer conocer a los legisladores sobre los avances que han existido en esta temática, compartir nuestra visión sobre la importancia de las acciones para proteger el libre ejercicio de nuestros derechos en internet y del rol que podría jugar la Asamblea Nacional en el desarrollo de legislación en ese cometido .  
      
Agradecemos la atención a la presente solicitud.  
      
Muy atentamente,  
      
      
      
Colectivo Internet Libre
Se adhieren:
  • Agencia Latinoamericana de Información
  • Apertura Radical
  • Asociación de Software Libre del Ecuador
  • Corporación REd Infodesarrollo
  • Comunidad de Software Libre de Loja Loxalibre
  • Creative Commons Ecuador
  • Diabluma
  • Loxa es Mas
  • Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
  • Radialistas Apasionadas y Apasionados 
  • Usuarios Digitales

Privacidad en Internet bajo amenaza en Ecuador

Estimado Presidente,
Estimados Asambleístas,

El derecho a la intimidad, incluida en Internet, ha sido ampliamente debatido a nivel mundial, especialmente en los últimos meses a raíz de las revelaciones acerca del espionaje masivo y sin precedentes por parte de los EE.UU.

Ecuador y los países de América Latina han sido quienes más han cuestionado la invasión a la privacidad de las ciudadanas y ciudadanos en Internet, a través del almacenamiento indiscriminado y desproporcionado de la información que cada usuaria o usuario generan.

Este hecho ha sido considerado ilegal y no ético, de acuerdo a la legislación de muchos países, incluida la establecida en la Constitución Política del Ecuador.

Con la pronta aprobación del Proyecto de Ley de Código Orgánico Integral Penal, se corre el grave riesgo de que en nuestro país se establezca un marco jurídico en el cual tanto proveedores, cibercafés, zonas wifi y ciudadanas o ciudadanos comedidos, deban almacenar “por Ley” toda información generada sobre cualquier infraestructura de telecomunicaciones, extendiéndose esto a Internet, Telefonía Pública y Telefonía Celular. Además, deja establecido el marco legal para que en las redes de nueva generación en la que convergen las tecnologías actuales, siga siendo obligatorio el almacenar los datos privados e íntimos de todas las usuarias y usuarios de los servicios de telecomunicaciones; y podría facilitar que entidades de espionaje internacional o nacional tengan acceso a toda esa información.

La Constitución del Ecuador garantiza en el Art. 66, literal 19 que “la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”, pero al establecer “el mandato de la ley” como regla y no como excepción, el ciudadano o ciudadana pierde el derecho a, previamente, autorizar que se almacenen sus datos.

En contraposición clara al Art. 21 de la Constitución que establece: “el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual” y que además especifica taxativamente que “ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial..”, el Art. 485 del Proyecto del Código Orgánico Integral Penal establece que los proveedores y distribuidores de Internet “deben conservar los datos de los abonados o usuarios sobre la base de un contrato y preservar la integridad de los datos sobre números telefónicos, direcciones IP estáticas y dinámicas, así como el tráfico de conexión, acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbrica del servicio y la vía de comunicación por un tiempo mínimo de seis meses”. Con esto, se intercepta y retiene la información de todas ciudadanas y ciudadanos, sin su consentimiento y con una presunción de culpabilidad y no de inocencia. Con este procedimiento, toda la información de las usuarias y usuarios estará almacenada en los proveedores y distribuidores de Internet, sin que haya sido necesario montar una plataforma de espionaje específica, como se cuestionó mundialmente.

Adicionalmente los artículos del Proyecto del Código Orgánico Integral Penal 482, 282 literal 2 y 583, definen que se requiere una motivación para interceptar o retener la información privada e íntima de cada usuario previa una solicitud fundamentada, con lo cual se presume que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo que se ajusta a las garantías establecidas en la Constitución.

En este contexto, las propuestas que se pretenden introducir en el Código Orgánico Integral Penal, -que como están planteadas, eliminan cualquier consideración de proporcionalidad y el debido proceso a favor de la intervención indiscriminada del derecho a la intimidad – no es compatible con las obligaciones de derechos humanos adquiridos por el Estado Ecuatoriano.

Instamos a la Asamblea Nacional y al Gobierno de Ecuador a compatibilizar la Ley propuesta con los estándares internacionales de derechos humanos a fin de precautelar con el mayor rigor la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación, en la perspectiva de fortalecer el sistema democrático acorde a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones [1].

Como ciudadanos del Ecuador, de la patria grande latinoamericana y del mundo, queremos exigir que se respeten nuestros derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la protección de datos personales; y que la retención (almacenamiento) de la correspondencia virtual y nuestro tráfico a través de las plataformas de telecomunicaciones no sea permitida.

Solicitamos, por tanto, que no se aprueben artículos que vulneran los derechos ciudadanos y nos ponen en indefensión frente al almacenamiento indiscriminado y posterior análisis de nuestra información.

[1] https://es.necessaryandproportionate.org/text

Organizaciones nacionales:

Organizaciones internacionales:
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC
Alabs.org

Adhesiones en: [email protected]

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