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Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional reconsiderar el DRM

El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la elusión de medidas tecnológicas efectivas—es decir, la gestión de derechos digitales o DRM por sus siglas en inglés—:

Recomendación sobre la prohibición a eludir “medidas tecnológicas efectivas”

El Código Ingenios representa un avance significativo para el acceso a la ciencia y la cultura en comparación a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, puesto que implementa una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, conforme las recomendaciones de Naciones Unidas y los lineamientos del Plan del Buen Vivir, que

propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados.

Sin embargo, en su artículo 121, el Código Ingenios señala, “prohíbe eludir las medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o derechos conexos”. El término que engloba a estas medidas es la “gestión de derechos digitales” o DRM por sus siglas en inglés.

DRM es un conjunto de técnicas [1] que permiten a los poseedores de derecho de autor controlar lo que los usuarios pueden hacer con los archivos digitales, es decir: bajo qué circunstancias pueden acceder al archivo, cuántas veces, por cuánto tiempo y en qué plataforma.

Quienes comercializan libros electrónicos usan diferentes esquemas propietarios de DRM, [2] los cuales son compatibles con muy pocos dispositivos electrónicos, por ello los usuarios enfrentan problemas de interoperabilidad. Esto a su vez genera problemas para el ingreso de marcas competidoras en el mercado, evita la socialización del conocimiento mediante prácticas comunes en libros físicos como el préstamos o la reventa, o incluso la lectura en otros dispositivos en caso de pérdida o robo.

Esto ciertamente garantiza la protección del derecho de autor, pero no es proporcional al derecho de los usuarios a la ciencia y la cultura; y limita innecesariamente el acceso público a obras creativas. Como bien explica Shaheed:

“Los Estados deben velar porque las excepciones y limitaciones no puedan dejarse sin efecto […] o verse indebidamente perjudicadas con medidas técnicas de protección […] en el entorno digital”.

Los usuarios, bajo este modelo, se ven encerrados en la oferta de un solo proveedor, lo cual también es lesivo para el derecho de acceso a la información. El DRM coloca a quienes comercializan libros electŕonicos en una posición privilegiada para controlar el flujo de información en el mercado, y en cierta manera eso ya está sucediendo. Las restricciones a la venta de libros impuestas en base a un editor o a su contenido son algo extremadamente preocupante cuando el lector está encerrado por su proveedor.

El DRM en el mercado de libros electrónicos puede lesionar el potencial de los libros electrónicos para promover el alfabetismo, extender el alcance de la literatura y difundir el conocimiento, lo cual va explícitamente en contra de los objetivos del presente código.

Adicionalmente, el artículo 122 criminaliza a quienes comparten archivos desbloqueados previamente, en internet, pues señala que se prohíbe “distribuir, importar para su distribución, emitir, o comunicar al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización”. Si bien se señala que la infracción debe realizarse con dolo, esta verificación puede ser compleja y, a menudo, engañosa.

Declarativamente, el artículo 123 señala a los titulares de los derechos como responsables de  “proporcionar bajo condiciones oportunas los medios, sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas a los usuarios que requieran hacer uso únicamente de obras en el dominio público o ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos”, lo cual es positivo pero impráctico. Puesto que los titulares no se encuentran en el territorio, hacer cumplir esta ley resultaría extremadamente difícil.

Si la protección DRM, como se aplica actualmente, está facilitando el control de la información y el conocimiento por parte de grandes corporaciones, la ley debe limitar la protección de esquemas DRM, fomentar el uso de protecciones al derechos de autor menos intrusivas y promover la interoperabilidad en industrias relevantes.

Nuestra recomendación es eliminar los artículos 123 y 124 para incluir un único artículo con el siguiente texto:

Artículo 123.- De la elusión de medidas tecnológicas.- Nada de lo dispuesto en este Parágrafo impedirá la elusión de medidas tecnológicas con fines de:

  1. Decidir sobre la adquisición de la obra o prestación protegida;

  2. Investigación en encriptación de información;

  3. Investigación en seguridad de sistemas informáticos;

  4. Hacer uso de obras en el dominio público;

  5. Ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título;

  6. Ejercer todos los usos justos establecidos en el presente Código.

Notas al pie de página

[1] El DRM impone varias restricciones, entre ellas (1) restricciones al acceso, ya que permite al usuario acceso ocasional o permanente condicionado al pago de una tarifa o edad; (2) restricciones a la copia, que previene —por ejemplo—  que ciertos archivos digitales sean grabados en un CD; (3) restricciones de interoperabilidad, que evitan que un archivo digital de cierto formato sea utilizado en ciertos dispositivos; y (4) restricciones geográficas, por ejemplo el bloqueo de DVDs según la región. [↑]

[2] El código fuente de estos sistemas no es accesible y se debe pagar para su uso.[↑]

Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional favorecer el acceso abierto

El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la política de publicaciones de artículos científicos producidos con fondos públicos.

  • Acceso abierto a publicaciones científicas        

El actual modelo de publicaciones científicas supone un costo específico que incluye procesos administrativos y de revisión por expertos pares, las editoriales inicialmente decidieron trasladar estos costos a los lectores generando varios problemas en el camino, para empezar esto crea una barrera económica a la información científica. Por otra parte, los usuarios no tienen forma de saber qué artículo es relevante para su investigación sin pagar por él. Los abstracts —o resúmenes de los artículos científicos— no siempre son claros, y no hay una política de devolución. No pueden decir ‘este artículo no era lo que buscaba, devuélvanme mi dinero’.

Es irracional pensar que las investigaciones financiadas con dinero público no estén disponibles para la gente. No tiene sentido, por ello en los últimos años, principalmente debido a la digitalización y al incremento en la suscripción de revistas, se ha vuelto cada vez más común la práctica del acceso abierto.

Hay dos componentes fundamentales en el acceso abierto: que los artículos estén disponibles gratis para ser leídos y que estén disponibles para ser reutilizados, ya que el conocimiento se construye secuencialmente —creando relaciones entre publicaciones científicas.

Para brindar acceso abierto, existen varias opciones. Cuando no existe intervención del Estado, y los científicos quieren publicar sus artículos en formato de acceso abierto, las grandes editoriales trasladan los costos operativos de producción de artículos científicos hacia los productores de conocimiento: los investigadores (a esto se le conoce como ruta naranja del acceso abierto). Por ello, publicar un artículo científico en una revista de acceso abierto puede costar entre $3500 y $4000. Los autores deben poder publicar en la revista de su elección y cubrir todos estos costos puede resultar inviable en el mediano plazo, sea que esto lo financie el Estado o las universidades privadas.

Para solucionar este problema se ha establecido lo que se ha denominado ruta verde del acceso abierto, en esta caso los autores que publican en revistas indexadas pueden compartir su investigación mediante la publicación de una copia gratuita de su artículo en un repositorio o sitio web destinado para el caso. Durante un tiempo determinado (actualmente se recomienda que sean 6 meses o un año), la publicación en el sitio web está disponible bajo suscripción únicamente, este periodo de tiempo da la oportunidad a la casa editorial para que recupere la inversión que se da en la producción de artículos científicos. Una vez pasado el tiempo de embargo, se concede acceso libre al artículo.

En Argentina, se ha implementado una legislación sobre repositorios de acceso abierto, los artículos más importantes son el quinto y el sexto. Aquí algunos extractos:

Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.

Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco años del momento de su recolección.

Podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer.

Como bien menciona la Relatora para Derechos Culturales de Naciones Unidas: “Los productos fruto de esfuerzos creativos subvencionados por gobiernos, organizaciones intergubernamentales o entidades benéficas deben hacerse accesibles de manera generalizada”. Es por ello que en armonía con los objetivos de la propuesta de ley, recomendamos hacer una revisión y adaptación de los nueve artículos contemplados en la “Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos” para su inclusión en el Código Ingenios.

 

Creative Commons Francia experimenta con Ascribe para dar soporte al copyleft a través de Blockchain

Harm van den Dorpel “OVERDRAWN INHERITANCE”, disponible bajo licencia CC BY-NC-ND en https://cc.ascribe.io/piece/1JxsjgVpfRcV54DRmAzpnjPQEdQME6qX7b/

Publicación original por Primavera De Filippi bajo licencia CC-BY

Creative Commons Francia inauguró el lanzamiento de su nueva página web con una nueva herramienta que aprovecha el valor de la blockchain de bitcoin en beneficio del movimiento de la cultura libre. Ascribe permite a los creadores compartir su trabajo con licencia CC sin preocuparse de la pérdida de la atribución.

Hace más de diez años, Creative Commons revolucionó las prácticas artísticas en línea a través de licencias que promuevan la atribución, la libre reproducción y difusión de contenidos, en lugar de centrarse en la escasez y exclusividad. Hoy en día, cientos de millones de obras se publican bajo estas licencias.

Ascribe comenzó en 2014 para ayudar a los creadores a asegurar su propiedad intelectual, con la ayuda de la blockchain. Funciona con cualquier tipo de licencias, incluidas las licencias de Creative Commons. Los creadores pueden atribuir las obras con licencia CC usando blockchain siguiendo este simple proceso:

  1. Ve a cc.ascribe.io
  2. Carga tu trabajo e introduce todos los metadatos relevantes: título, autor y año
  3. Elije tu licencia de CC; y haz clic en “register”

El servicio registrará el archivo y le pondrá un sello de tiempo en la cadena de bloques (blockchain) —junto con los términos y condiciones de la licencia seleccionada— y lo almacenará de forma segura en un almacén de datos descentralizado. Funciona para documentos, imágenes, texto y más —básicamente cualquier archivo digital. Esto es posible porque el proceso de sellado de tiempo (“hashing”) es independiente del formato del archivo.

Los creadores entonces pueden beneficiarse de las siguientes ventajas:

  • Atribución segura y verificación sencilla: Mediante el registro de las obras en la cadena de bloques, los creadores pueden comunicarse fácilmente (y probar) la paternidad de sus obras, así como los términos y condiciones en que han sido liberados.
  • Mejor accesibilidad: Las obras registradas en la plataforma Ascribe serán almacenados en una red peer-to-peer (similar a BitTorrent) de una manera segura y descentralizada.
  • Seguimiento de usos: Los creadores obtendrán un identificador único (ID) para cada obra registrada en la cadena de bloques. El ID es en realidad una dirección en la cadena de bloques que permite a las personas rastrear cualquier uso de la obra en exploradores de cadenas de bloque.
  • Compartir obras fácilmente: Se crea una dirección URL pública única para cada obra, que contiene la dirección pública de la obra, un enlace para descargar el trabajo, los términos y condiciones de la licencia CC, y todos los metadatos relevantes (título, autor, año)

Trent McConaghy, cofundador y CTO de Ascribe:

Nos encanta Creative Commons. La organización ha sido una fuerza impulsora para promover la difusión del conocimiento y el contenido en Internet por más de una década. Estamos encantados de tener la oportunidad de colaborar con Creative Commons Francia, para ayudar a que los nuevos autores y artistas descubran las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías de cadena de bloque (blockchain). Esto es sólo el comienzo de lo que esperamos sea una fructífera relación a largo plazo, en beneficio del movimiento de la cultura libre en todo el mundo.

Creative Commons Ecuador anuncia: “cambiaremos la ley de propiedad intelectual”

El día de ayer Creative Commons anunció su decisión de apoyar la reforma del derecho de autor en cada país, para fortalecer el derecho de los usuarios y expandir el dominio público. Aducen:

Creemos que las condiciones para esa reforma son las adecuadas, y se debe empezar a trabajar.

Con esto empieza una larga tarea a la cual sin duda alguna nos adherimos, es evidente la necesidad de un nuevo marco jurídico que permita el más básico de los derechos humanos: la libertad de compartir.

El resto del comunicado dice:

Sin duda Creative Commons –tanto la organización como su conjunto de licencias– ha permitido que muchas personas tengan un nuevo enfoque sobre los derechos de autor, en algunos casos estos mismos actores han llegado a documentarse ampliamente sobre los derechos, y en particular sobre el gran impacto que Internet viene causando sobre esta dinámica jurídico-legal durante los últimos diez años. Una de las conclusiones del último Summit en Buenos Aires fue la necesidad de que CC se involucre en la reforma de la ley del derecho de autor, debido a una razón simple: las licencias CC solamente se aplican a las obras cuyos creadores toman una decisión consciente para licenciar afirmativamente ciertos usos de sus obras bajo un marco legal vigente, por tanto, en la práctica, solamente una pequeña porción de obras están cubiertas bajo este licenciamiento.

Sin embargo, el acceso universal a la investigación y a la educación, y la participación plena en la cultura no se realiza solamente a través de un conjunto de licencias. Las licencias CC son un parche, no son una solución a la problemática actual del derecho de autor, y en concreto a la Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro país desde 1998.

En este sentido, es oportuno aquello que CC Ecuador ha venido comentando en diversos foros, ponencias, eventos, etc.: es urgente y necesario abrir un gran debate público en torno al derecho de autor en nuestro país, y junto a ello es necesario hacer una revisión del alcance del marco legal vigente. Los ciudadanos se beneficiarían ampliamente de los derechos de uso del conocimiento y de la cultura universal para beneficio público.

File Repair icon by iconoci, from The Noun Project. CC BY.

 

Fuente: http://ccecuador.org/2013/10/16/la-reforma-del-derecho-de-autor-y-por-ende-la-ley-de-propiedad-intelectual-en-ecuador.html