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El gobierno ecuatoriano y la Asociación de Proveedores de Internet trabajan juntos para bloquear el acceso a páginas web

El día de hoy Ecuador Transparente hace público un memorando donde la empresa Telefónica (Movistar) describe que el día 28 de marzo de 2014, entre las 19H20 y las 19H53, sus usuarios reportaron que no podían acceder a las páginas de Google y Youtube. Los problemas de accesibilidad fueron verificados por el personal de Telefónica, tras lo cual reportaron el incidente a su Centro de Operaciones de Red.

Esa unidad, tras verificar por segunda vez el incidente, explicó que la falta de acceso a las páginas de Google y Youtube se debió a que el personal de la Asociación de Proveedores de Internet de Ecuador (AEPROVI) “bloqueó el acceso a ciertas páginas de internet bajo solicitud del gobierno nacional”.

AEPROVI, tras verificar la falta de acceso a varios clientes, revirtió el bloqueo mediante un rollback — es decir, la restauración de una base de datos previa.

¿Por qué esto es importante?

Las empresas que conforman AEPROVI, en conjunto, controlan más del 95% de los clientes y del tráfico de internet que genera Ecuador. Esta información demuestra que el gobierno, mediante sus acuerdos con esta asociación, cuenta con la capacidad técnica de bloquear páginas web en todo el territorio nacional.

Además, el Estado está facultado legalmente para tener control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones. El Artículo 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones —que entró en vigor en febrero de 2015—, que trata sobre la prestación de servicios en Estado de Excepción, plantea:

“En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción”.

Finalmente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones no es un organismo independiente, sino que está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y su directorio está conformado por tres delegados del presidente.

En conjunto, las capacidades legales y técnicas generan un riesgo de abuso por parte del Estado ecuatoriano, en ausencia de organismos independientes que garanticen transparencia y control.

¿Qué respuestas nos deben el gobierno ecuatoriano y AEPROVI?

  1. Las páginas web que han sido bloqueadas: Como explica el reporte, el bloqueo a Google y Youtube parece haberse dado como un efecto colateral al bloqueo de otras páginas web. Aún más importante, cuántas veces ha pasado esto en el pasado y qué sitios web se han visto afectados.
  2. Qué instituciones públicas pueden solicitar este tipo de bloqueos y cuáles ya lo han hecho.
  3. Qué procedimiento siguen estas instituciones para realizar el bloqueo de sitios web, tanto legales, como administrativos y técnicos.

¿Es esta información verificable?

La información presentada en este documento es consistente con la presentación realizada por Marcelo Rivadeneira Fuentes, oficial de seguridad del centro de respuesta a incidentes informáticos – EcuCERT, sobre la gestión de su institución (la presentación está disponible en la página web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT). EcuCERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Arcotel, según documentación pública, mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI. En dicha presentación, Rivadeneira indicó que entre enero y septiembre de 2014, EcuCERT, “en cooperación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y proveedores de internet privados bloqueó dominios de red para evitar su funcionamiento” (p. 27).

Asimismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (hoy ARCOTEL), afirmó en su rendición de cuentas del año 2014  haber implementado “el bloqueo de dominios específicos de Internet” para combatir la piratería (p. 64).

Principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios

El uso de herramientas de bloqueo de internet debe estar acompañado de un manejo ético y responsable. Los principios de manila sobre responsabilidad de intermediarios es un marco de referencia de garantías mínimas y buenas prácticas en el que se equilibren las necesidades de los gobiernos y de otros interesados, al tiempo que se protege  la libertad de expresión y se crea un entorno propicio para la innovación. Recomendamos que el gobierno nacional implemente en sus políticas estos principios, y también que AEPROVI y todos sus miembros se ajusten a un marco que garantice que se respeten los derechos de los usuarios.

Los seis principios de manila:

  1. Los intermediarios deben estar protegidos por ley de la responsabilidad por contenidos de terceros.
  2. No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial.
  3. Las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas, y respetar el debido proceso.
  4. Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad.
  5. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso.
  6. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad (rendición de cuentas).

Lea más (español): http://bit.ly/22LqGE6

Versión extendida (inglés): http://bit.ly/1VNEMmt

Ares Rights dice que los documentos sobre la SENAIN filtrados por Ecuador Transparente son reales

Si uno hace una búsqueda en Internet con los términos “Ecuador” y “Ares Rights”, encuentra un sinfín de artículos de prensa que hablan sobre cómo una empresa española —Ares Rights— actúa a nombre de instituciones públicas de Ecuador para censurar contenido en Internet. ¿Su argumento? Se está infringiendo el derecho de copia (o copyright) de ciertos medios del Estado. Si un diario, por ejemplo, publica una denuncia y, como prueba, utiliza un documento con el logo oficial de la institución, Ares Rights denuncia que no se puede usar ese logo y ¡BAM! te cae una notificación por derechos de autor. En otros casos, se utilizó como pretexto los fragmentos del enlace ciudadano del presidente Rafael Correa y así sucesivamente.

De esta manera, se dieron de baja a videos, páginas web, cuentas de Twitter, se obligó al personaje de Crudo Ecuador a salir del anonimato para defender su página y un largo etcétera que a cualquiera le hacen pensar que las reclamaciones por copyright tienen que ver menos con los derechos de autor y más con la censura en Internet. Esto generó eco internacional y una serie de artículos de prensa motivaron al exgerente del canal público Ecuador TV, Enrique Arosemena Robles, a aclarar que ellos no tienen “ningún contrato” con Ares Rights. Fue tan vehemente Arosemena que incluso anunció que reuniría a su equipo legal “para ver que acciones se pueden tomar al respecto”.

Lo que Arosemena insinuaba es que Ares Rights se estaba tomando el nombre de Ecuador TV para censurar a terceros, haciendo quedar mal al canal estatal. La televisión estatal se produce con fondos públicos y no tiene mucho sentido que sus contenidos se privaticen en manos del gobierno[1] pero incluso si se cede en ese punto y se admite que Ecuador TV es el dueño del copyright de ciertos contenidos, existen una serie de “usos justos” donde las personas pueden simplemente copiar algo porque es material educativo, una sátira o cita periodística.  Eso lo sabe muy bien el gobierno, al punto que ha usado ese derecho en sus propios videos.

Lo lógico entonces era que Ecuador TV demande a Ares Rights por hacer mal uso de su nombre y detener la censura motivada por esta empresa. Lo mismo podría haber hecho Fernando Alvarado, puesto que la empresa española también ha realizado reclamaciones en su nombre. Eso nunca pasó. Lo que sí ha sucedido es que ciertas instituciones públicas se han empezado a blindar con pretextos para abusar del derecho de autor. La Secretaría de Comunicación, por ejemplo, ha añadido un aviso de “© SECOM” al canal de la Presidencia de la República en Youtube y, por cuenta propia, ha realizado reclamaciones de derecho de autor. En 2015, Paúl Mena Zapata, abogado de la SECOM, realizó una reclamación a Fundamedios donde aduce que la uno de sus tuits usa “la imagen distintiva de la Secretaria [SIC] Nacional de Comunicación”.

¿Lo peor de todo? Ares Rights sigue realizando reclamaciones por derecho de autor fuera del territorio ecuatoriano a nombre de sus instituciones públicas. El caso más reciente es la reclamación que la empresa censora realizara a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en contra de greenhost.net, quienes alojan la página web de Ecuador Transparente.

Ares Rights dice, en este caso, representar a Rommy Vallejo, en su calidad de Secretario Nacional de Inteligencia por haber publicado material confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. “Este material —dice el comunicado— es SECRETO DE ESTADO, y por esta razón; y debido a la severidad del caso y para garantizar que esta información no siga siendo accesible, le solicitamos que interrumpa el servicio para ecuadortransparente.org”.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.

Si es que Ares Rights, como dice, está actuando en representación de la SENAIN, esto representaría un reconocimiento oficial de la veracidad de los documentos publicados por Ecuador Transparente, que sugieren espionaje a periodistas, sindicatos, ambientalistas y políticos de oposición. Pero ya sabemos que, como ha pasado antes, SENAIN no va a reconocer que exista relación contractual alguna. Y puede que tengan razón.

Pero lo importante de esta lección es que hay países, como Holanda e Islandia, donde no basta decir que uno representa a alguien para realizar una reclamación de derecho de autor. En el caso arriba mencionado, greenhost.net hizo lo que todo proveedor de servicios de internet debería hacer: Pidió a Ares Rights que le presente una orden judicial para iniciar su reclamación, lo cual implica que los nexos que aduce tener con la institución pública se deben aclarar o, mejor aún, que se debe realizar tal reclamación sin intermediarios. Esto es una victoria para la libertad de expresión, porque obliga a que un juez justifique una causa motivada para censurar contenido que, de otra manera, puede ser importante para la ciudadanía y es un paso hacia una mejor rendición de cuentas de instituciones que han permitido que otros abusen de su nombre para censurar contenidos en línea.

¿Qué sucederá ahora con las denuncias de Ecuador Transparente? Si es que Ares Rights mentía, pues nada. Si es que decía la verdad y, por ley, esas publicaciones son eliminadas, estaríamos atestiguando la confirmación de que esos documentos son reales y, si ese es el caso, de cómo se usa el copyright para silenciar la evidencia de un posible uso ilegítimo de los servicios que provee nuestra agencia de inteligencia.

[1] Julia Reda, parlamentaria europea por el partido pirata alemán, presentó recientemente el borrador de su informe sobre derechos de autor, donde recomienda “que eximan de la protección de derechos de autor las obras producidos por el sector público”.